Gobernadora del Tolima propone acciones jurídicas al decreto de emergencia económica de Petro

Durante el primer Encuentro de Gobernadores, Adriana Magali Matiz, lanzó una dura crítica al Decreto de ́ 1474, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, y aseguró que la norma representa “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”.

Matiz solicitó analizar la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto y, de manera simultánea, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional.

“La discusión no puede limitarse solo a la emergencia. Es indispensable que la Corte tenga en cuenta la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos” agregó.

Uno de los puntos más cuestionados, fue el artículo 15, parágrafo segundo, el cual explicó que limita el recaudo departamental al establecer que todo ingreso que supere el crecimiento del IPC entre 2025 y 2026 debe ser transferido a la Nación. Además, la norma obliga a realizar liquidaciones mensuales y a girar esos recursos en un plazo máximo de 15 días.

“Esto es inconcebible. Se está castigando la gestión territorial, porque cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”, afirmó.

Matiz también advirtió que el decreto carece de rigor técnico y legislativo, y alertó sobre consecuencias negativas en la lucha contra el contrabando de licores. Citando estudios de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que el 29 % del licor que se consume en Colombia es adulterado o de contrabando, y sostuvo que la nueva reglamentación podría incrementar esta problemática.

Para concluir, la gobernadora hizo tres llamados importantes en el encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND): revisar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, enviar un escrito propio a la Corte Constitucional y dejar una posición unificada frente a lo que calificó como “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales en materia fiscal”.